Tras la ampliación del plazo para adaptar las antenas de televisión colectivas al 31 de marzo para recibir la nueva señal, ahora los usuarios podemos encontrarnos con otro problema: las interferencias que la señal del teléfono móvil pueden realizar en la recepción de la de televisión.

Este nuevo “problema” ha hecho que el Gobierno instase a las empresas de telecomunicaciones a crear un nuevo Centro de Atención al Usuario en el que deberán dar respuesta y solución a las incidencias que en este ámbito puedan surgir.

Las pruebas piloto realizadas por el Ministerio de Industria en Zamora, han puesto de relieve que, en algunas ocasiones la señal del móvil afecta de manera importante a la señal de recepción de la televisión, un problema especialmente grave hoy en día ya que, según datos que aportan las cadenas privadas, 1 de cada 2 espectadores ve la televisión utilizando su teléfono móvil o una tableta.

La solución a este problema parece sencilla. En las pruebas realizadas estos problemas de recepción logran solucionarse, en la gran mayoría de los casos, mediante la instalación de un filtro de cabecera colocado a la salida de la antena de recepción. Aunque también existen otras alternativas para solventar el ‘ruido’ de la señal de móvil, como utilizar sistemas de filtrado en las instalaciones emisoras.

¿Pero quién debe asumir los costes? Según informa el Ministerio de Industria en una orden ministerial, en caso de que se produjesen interferencias, el concesionario del servicio de comunicaciones electrónicas estará obligado a efectuar las correcciones técnicas necesarias para su completa eliminación asumiendo, en su caso, el coste de las modificaciones a realizar en las instalaciones receptoras afectadas o el coste de las instalaciones alternativas que fueran necesarias para asegurar la continuidad del servicio de televisión.

Además esta orden determina la obligación de las ‘telecos’ de informar a los ciudadanos sobre qué hacer en caso de que la recepción de la TDT se vea afectada por sus emisiones de móvil y establece los plazos máximos para solucionar los problemas, que en algunos casos se reduce a un plazo máximo de dos días.